El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó este lunes evaluar un caso sobre armas de asalto y avaló así las prohibiciones que mantienen Nueva York y Connecticut sobre este tipo de armas semiautomáticas, similares al fusil empleado en la reciente matanza de Orlando (Florida).
"Revisión denegada", determinó la máxima instancia judicial del país en una breve notificación, en la que rechaza la petición de los defensores de las armas que sostenían que Nueva York y Connecticut violaban su derecho constitucional a portar fusiles y pistolas, recogido en la Segunda Enmienda.
En su petición ante el alto tribunal, los demandantes sostienen que las leyes de Connecticut y Nueva York violan el derecho a la defensa propia de sus ciudadanos y prohíbe armas que son usadas para actividades de caza o para usos recreativos.
Nueva York y Connecticut cambiaron sus legislaciones sobre armas en 2013 en respuesta a la matanza de 2012 en la escuela Sandy Hook de Newtown (Connecticut), donde fueron asesinados a tiros 20 niños y 6 mujeres.
El Tribunal Supremo no ha evaluado un gran caso sobre armas desde 2010, cuando avaló por segunda vez el derecho de los estadounidenses a poseer armas para defenderse.
Después del tiroteo del pasado 12 de junio en Orlando (Florida), que dejó 50 muertos -incluido el atacante- y 53 heridos, han crecido las peticiones para incrementar los controles sobre las armas.
El supuesto autor de la matanza de Orlando, Omar Mateen, estadounidense de raíces afganas, fue investigado durante 10 meses por radicalismo por el Buró Federal de Investigación (FBI), pero al no tener historial delictivo, pudo comprar de manera legal las armas con las que llevó a cabo el atentado.
Por eso, los legisladores demócratas del Congreso han pedido a los republicanos ampliar los controles y evitar el acceso a las armas a los sospechosos de poder cometer actos terroristas y a las personas incluidas en "listas de vigilancia" de las agencias de inteligencia, como el FBI y la CIA.
El Senado de EE.UU. prevé votar este lunes sobre cuatro enmiendas de ley para endurecer el control de armas, pero la iniciativa tiene pocas posibilidades de salir adelante.
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